El Sistema Legal de la República Popular China

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El Sistema Legal de la República Popular China: Estructura, Fuentes, Reformas y Perspectivas

I. Introducción: El Marco del Sistema Legal Chino

A. Contexto Histórico-Político y Evolución

El sistema legal contemporáneo de la República Popular China (RPC) es el resultado de una compleja evolución histórica y política. Antes del siglo XX, la tradición jurídica china mostraba una cierta resistencia al derecho positivo formal escrito (法, fǎ), privilegiando en cambio los ritos (礼, lǐ) – costumbres arraigadas y normas sociales basadas en principios éticos confucianos – y la conciliación como métodos preferentes para resolver disputas.¹ Esta herencia cultural, que valora la armonía social y las relaciones jerárquicas, sigue influyendo sutilmente en la percepción y aplicación de la ley en la China moderna.¹

Tras la fundación de la RPC en 1949, el sistema legal experimentó varias fases. La etapa inicial (1949-1954) se centró en la creación de un sistema jurídico socialista rudimentario, combinando normativas de las zonas liberadas con decretos para la transformación socialista y la nacionalización de bienes.⁴ El período de 1954 a 1979 vio la consolidación de un sistema jurídico fuertemente influenciado por el modelo soviético, caracterizado por la primacía casi absoluta de la propiedad estatal, la desaparición virtual de los intereses privados y la consiguiente preponderancia del derecho público (penal y económico planificado) sobre un derecho privado muy limitado.⁴ Los individuos eran vistos más como ciudadanos con deberes políticos hacia el Estado que como sujetos de derechos civiles.⁴

Un punto de inflexión crucial llegó con las reformas económicas y la política de apertura iniciadas por Deng Xiaoping a finales de 1978 y principios de 1979.⁴ Este cambio marcó el comienzo de un ambicioso y continuo proceso de reconstrucción del sistema legal y modernización legislativa.⁴ La necesidad de establecer un marco normativo para la nueva economía de mercado socialista, atraer inversión extranjera y regular relaciones sociales más complejas impulsó una vasta producción de leyes.⁶ La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 aceleró aún más este proceso de reforma y actualización legislativa.⁶ El marco fundamental para este desarrollo legal moderno fue establecido por la Constitución de la RPC adoptada en 1982 ⁷, aunque esta ha sido objeto de significativas revisiones posteriores, reflejando los cambios políticos y económicos del país.⁸

B. Presentación del Concepto de «Estado de Derecho Socialista con Características Chinas»

Central en la comprensión del sistema legal actual es el concepto de «Estado de derecho socialista con características chinas» (建设社会主义法治国家, jiànshè shèhuì zhǔyì fǎzhì guójiā).⁶ Este término, que utiliza la expresión china para «Estado de derecho» (法治, Fǎzhì) ², fue formalmente incorporado a la Constitución ¹⁰ y ha sido promovido enfáticamente como principio rector, especialmente bajo el liderazgo de Xi Jinping.¹¹ Sin embargo, es crucial entender desde el principio que esta noción, si bien emplea una terminología familiar internacionalmente, está intrínsecamente ligada al liderazgo supremo del Partido Comunista Chino (PCCh) y difiere sustancialmente de las concepciones occidentales del Estado de Derecho (Rule of Law).² Como se analizará en detalle más adelante, este concepto prioriza el uso de la ley como instrumento de gobernanza bajo la dirección del Partido, en lugar de la sumisión del propio Partido a la ley.

C. Propósito y Estructura del Informe

Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo y estructurado del sistema legal de la República Popular China, abordando los aspectos fundamentales solicitados. Se examinará la estructura del poder estatal y el papel dominante del PCCh, las fuentes formales e informales del derecho y su jerarquía, la organización y funciones del sistema judicial, las características de las principales ramas del derecho, el estatus de los profesionales jurídicos, el significado y las implicaciones del «Estado de derecho socialista con características chinas», las reformas legales recientes y, finalmente, las perspectivas internacionales sobre el sistema legal chino, incluyendo cuestiones de independencia judicial y derechos humanos. La estructura seguirá estos temas en secciones dedicadas para ofrecer una visión clara y detallada.

II. Estructura Fundamental del Poder Estatal y el Rol del Partido Comunista Chino (PCCh)

A. Órganos del Estado: Marco Constitucional

La Constitución de la RPC establece la estructura formal del Estado. Declara que todo el poder pertenece al pueblo, y este poder se ejerce a través de la Asamblea Popular Nacional (APN) y las asambleas populares locales en los distintos niveles.¹³ El principio organizativo fundamental de los órganos estatales es el centralismo democrático.¹⁴

Asamblea Popular Nacional (APN): Es definida constitucionalmente como el «órgano supremo del poder del Estado».⁷ Ejerce el poder legislativo del Estado ⁷, incluyendo la facultad de enmendar la Constitución y elaborar las leyes fundamentales.¹⁵ La APN también elige a los más altos cargos del Estado, como el Presidente y Vicepresidente de la RPC, el Presidente de la Comisión Militar Central, el Presidente del Tribunal Popular Supremo y el Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema, y decide sobre el nombramiento del Primer Ministro y otros miembros del Consejo de Estado.¹⁵ Además, supervisa la implementación de la Constitución y el trabajo de otros órganos centrales del Estado.¹⁵ Dado que la APN se reúne solo una vez al año ⁶, su Comité Permanente, elegido de entre sus miembros, ejerce muchas de sus funciones legislativas y de supervisión durante el resto del tiempo.⁷
Presidencia de la RPC: Ostenta la jefatura del Estado.⁶ El Presidente es elegido por la APN.¹⁵ Actualmente, Xi Jinping ocupa este cargo, junto con los de Secretario General del Comité Central del PCCh y Presidente de la Comisión Militar Central, concentrando un poder considerable en una sola persona.⁶
Consejo de Estado: Es el órgano ejecutivo central, equivalente al gobierno.⁶ Está dirigido por el Primer Ministro y compuesto por Vice-Primeros Ministros, Consejeros de Estado, Ministros de diversos ramos (como Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia, Hacienda, Comercio, etc.) y otros altos funcionarios.²¹ Es responsable ante la APN y su Comité Permanente.¹⁵ Tiene la facultad de emitir reglamentos administrativos para implementar las leyes nacionales.⁶
Tribunales Populares: Son los órganos judiciales del Estado.²² El sistema está encabezado por el Tribunal Popular Supremo (TSP).⁶ Los tribunales populares en todos los niveles son responsables ante los órganos del poder estatal (asambleas populares) que los crearon.²² Su estructura y funciones se detallarán en la Sección IV.
Procuradurías Populares (Fiscalías): Son los órganos estatales encargados de la supervisión legal.²² Su estructura jerárquica es paralela a la de los tribunales, culminando en la Fiscalía Popular Suprema (FPS).²² Ejercen el poder de fiscalía (procuratorial power), que incluye la supervisión de investigaciones, la aprobación de arrestos, la iniciación de procesos penales y la supervisión de la legalidad de los actos judiciales y administrativos.²²
Comisión Militar Central: Dirige las fuerzas armadas del país.¹⁶ Su presidente es elegido por la APN.¹⁵
Órganos Administrativos: Además del Consejo de Estado, existe una vasta red de órganos administrativos a nivel central (ministerios, comisiones ²¹) y local (gobiernos provinciales, municipales, de distrito, etc.).⁶ Estos órganos son responsables de implementar las leyes y reglamentos, gestionar los asuntos públicos en sus respectivas áreas y niveles, y pueden emitir normas administrativas locales dentro de su competencia.⁶

B. El Liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh)

A pesar de la detallada estructura de órganos estatales descrita en la Constitución, la realidad política y legal de China está dominada por el Partido Comunista Chino (PCCh).

Supremacía Constitucional y Política: El sistema político chino se estructura explícitamente en torno al PCCh, al cual están subordinados el Ejército y el propio Estado.⁶ Aunque la Constitución de 1982 establece los órganos estatales y sus funciones ⁷, opera bajo la dirección política e ideológica del Partido.⁷ Esta supremacía fue reforzada explícitamente en las enmiendas constitucionales de 2018, que declararon: «La característica definitoria del socialismo con características chinas es el liderazgo del Partido Comunista de China».⁹ Los órganos constitucionales son vistos, en la práctica, como instrumentos que el Partido anima, orienta y controla.⁷
Control sobre la Legislación: El PCCh ejerce un control efectivo sobre el proceso legislativo. Es el Partido quien inicia las propuestas de legislación significativa y de enmiendas constitucionales, que luego son formalmente consideradas y aprobadas por la APN.⁸ Las leyes promulgadas reflejan las prioridades políticas del Partido; un ejemplo reciente es la Ley de Educación Patriótica, diseñada explícitamente para inculcar «amor inquebrantable por el país, el Partido (Comunista de China) y el socialismo».²⁵
Control sobre el Nombramiento de Personal Clave: Si bien la APN elige formalmente a los altos cargos del Estado, del poder judicial y de la fiscalía ¹⁵, los candidatos para estos puestos cruciales son, en la práctica, seleccionados y aprobados previamente por los órganos dirigentes del PCCh.⁷ La lealtad política es un requisito fundamental; por ejemplo, los abogados deben prestar juramento de lealtad al Partido Comunista para obtener su licencia.⁶
Control sobre el Poder Judicial y la Fiscalía: No existe independencia judicial en el sentido occidental del término. Los tribunales y las fiscalías están explícitamente sometidos a la dirección política del PCCh.⁶ Aunque algunas reformas recientes buscan otorgar mayor «autonomía» operativa a los tribunales, particularmente frente a la interferencia de otros órganos estatales o gobiernos locales ¹⁰, la supremacía del Partido sobre el sistema judicial no se cuestiona y se reafirma como garantía del «Estado de derecho» a la china.¹² El Partido puede influir en casos judiciales específicos y establece las directrices políticas generales que deben seguir los tribunales y fiscalías.¹²
Control sobre las Fuerzas Armadas: La Constitución y la práctica política establecen que las fuerzas armadas están bajo la «dirección absoluta» del Partido Comunista, garantizando un liderazgo conjunto del Partido y del Estado sobre el ejército.¹⁶
Estructura del Partido: El PCCh es una organización masiva, con cerca de 100 millones de miembros ²⁶, y una estructura jerárquica leninista.⁵ El órgano supremo es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco años. Este elige al Comité Central, que a su vez elige al Buró Político (Politburó) y a su Comité Permanente, el núcleo del poder. El Secretario General del Comité Central (actualmente Xi Jinping) encabeza esta estructura.⁶ El Partido opera a través de una extensa red de comités y organizaciones en todos los niveles de la sociedad y dentro de todas las instituciones estatales.

C. La Tensión Inherente entre la Estructura Formal y el Poder Real

Un análisis del sistema chino revela una tensión fundamental entre la estructura formal del Estado, tal como se describe en la Constitución y las leyes orgánicas, y el ejercicio real del poder. La Constitución ⁸ y leyes como la Ley Orgánica de los Tribunales Populares ²² describen una separación funcional entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.⁷ Sin embargo, múltiples fuentes confirman de manera inequívoca la subordinación de todos estos órganos al liderazgo político del PCCh.⁶ El Partido controla los nombramientos clave ⁶, dicta la agenda legislativa ⁸ y define la orientación política general que debe seguir el sistema judicial.¹² En consecuencia, la estructura estatal formal no actúa como un límite al poder del Partido, sino más bien como el mecanismo institucional a través del cual el Partido ejerce su autoridad y confiere legitimidad formal a sus decisiones políticas. Comprender esta dualidad – una fachada constitucional operando bajo un control político partidista subyacente – es esencial para entender cómo funciona realmente el sistema de poder en China.

D. Concentración de Poder bajo Xi Jinping

La dinámica de poder en China ha experimentado una notable centralización bajo el liderazgo de Xi Jinping. La acumulación en su persona de los tres cargos más importantes – Jefe de Estado (Presidente de la RPC), líder del Partido (Secretario General del PCCh) y jefe del Ejército (Presidente de la Comisión Militar Central) ⁶ – representa una concentración de poder sin precedentes en las últimas décadas. Esta consolidación se vio reforzada por las enmiendas constitucionales de 2018, que no solo eliminaron los límites al mandato presidencial, permitiendo potencialmente a Xi Jinping gobernar indefinidamente, sino que también inscribieron su contribución ideológica, el «Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era», en el preámbulo de la Constitución.⁹ Ya en 2014, un Plenario clave del Comité Central había reafirmado el papel central y la garantía fundamental del Partido en la construcción del «Estado de derecho».¹² Además, las actuales reformas judiciales se enmarcan explícitamente dentro de las directrices de Xi Jinping, vinculándolas a la necesidad de una estricta disciplina partidista.¹¹ En conjunto, estos desarrollos indican una reafirmación y personalización del rol directivo del Partido, consolidando el poder en el líder supremo y el núcleo del Partido, lo que tiene profundas implicaciones en el funcionamiento del sistema legal y estatal, revirtiendo tendencias anteriores hacia una mayor separación de roles y una toma de decisiones más colectiva dentro de la élite.

III. Fuentes del Derecho y Jerarquía Normativa en la RPC

A. La Ley sobre Legislación (Ley sobre las Leyes)

A diferencia de otros sistemas donde la Constitución detalla explícitamente la jerarquía de las normas, en China esta función la cumple principalmente la «Ley sobre Legislación» (中华人民共和国立法法, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Lìfǎ Fǎ), también conocida como la «Ley sobre las Leyes».⁶ Aprobada por la APN en el año 2000 y enmendada significativamente en 2015, esta ley establece el orden formal de prelación entre los distintos tipos de normas jurídicas emitidas por los diferentes órganos del Estado.²

B. La Jerarquía Formal de las Fuentes

La Ley sobre Legislación establece la siguiente jerarquía normativa, de superior a inferior ⁶:

Tabla 1: Jerarquía de las Fuentes del Derecho en la RPC

Nivel Jerárquico	Tipo de Norma	Órgano Emisor	Notas Clave
1	Constitución (宪法, Xiànfǎ)	Asamblea Popular Nacional (APN)	Ley fundamental y suprema.⁶ Requiere mayoría especial (2/3 APN) para enmienda.¹⁴
2	Leyes Nacionales (法律, Fǎlǜ)	APN y su Comité Permanente	Leyes básicas (APN) y otras leyes (Comité Permanente).⁷
3	Reglamentos Administrativos (行政法规, Xíngzhèng Fǎguī)	Consejo de Estado (Gobierno Central)	Detallan y aplican leyes nacionales.⁶
4	Normas Locales
	– Reglamentos Locales (地方性法规, Dìfāng xìng Fǎguī)	Asambleas Populares Locales y sus Comités	Ámbito territorial limitado. No pueden contradecir normas superiores.⁶
	– Normas Gubernamentales Locales (地方政府规章, Dìfāng Zhèngfǔ Guīzhāng)	Gobiernos Locales	Ámbito territorial limitado. Subordinadas a leyes y reglamentos nacionales y locales.⁶
5	Interpretaciones Judiciales (司法解释, Sīfǎ Jiěshì)	Tribunal Popular Supremo (TSP), Fiscalía Popular Suprema (FPS)	Guían la aplicación de la ley por tribunales inferiores. Poder cuasi-legislativo en la práctica.²³
Fuera de Jerarquía Formal	Políticas del PCCh	Partido Comunista Chino (PCCh)	No son «ley» formal, pero a menudo tienen primacía práctica y guían la interpretación legal.⁷

1. La Constitución (宪法, Xiànfǎ): Es la ley fundamental del Estado, situada en la cúspide de la jerarquía normativa.⁶ La versión actual data de 1982, pero ha sido objeto de importantes revisiones en 1988, 1993, 1999, 2004 y 2018 para adaptarla a los cambios del país.⁸ Consta de un preámbulo y cuatro capítulos principales que establecen los Principios Generales del Estado, los Derechos y Deberes Fundamentales de los Ciudadanos, la Estructura del Estado (APN, Presidencia, Consejo de Estado, Tribunales, Fiscalías, etc.), y los símbolos nacionales.⁸ La Constitución consagra derechos como la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación, y la libertad de creencias religiosas (aunque sujetas a importantes limitaciones y control estatal en la práctica).¹⁵ También establece deberes como obedecer la Constitución y las leyes, guardar secretos de Estado, pagar impuestos y defender la patria.¹⁵ Su enmienda requiere una mayoría cualificada de dos tercios de todos los diputados de la APN.¹⁴ La supervisión de su cumplimiento y su interpretación corresponden a la APN y a su Comité Permanente.⁷ Es crucial notar que, a diferencia de muchos sistemas occidentales, el control de la constitucionalidad de las leyes no es una función judicial, sino que reside en la propia APN, un órgano político, lo que limita significativamente la capacidad de los tribunales para invalidar leyes por ser inconstitucionales.²⁰
2. Leyes Nacionales (法律, Fǎlǜ): Son las normas emitidas por la APN y su Comité Permanente, subordinadas únicamente a la Constitución.⁶ La APN tiene la potestad de elaborar y reformar las leyes consideradas «básicas» o «fundamentales», como el Código Penal, el Código Civil (recientemente unificado), las leyes orgánicas de los órganos del Estado, etc..¹⁵ El Comité Permanente, que se reúne con más frecuencia, tiene la facultad de elaborar y reformar la mayoría de las demás leyes, así como de interpretar tanto la Constitución como las leyes.⁷ Desde el inicio de las reformas, China ha promulgado un cuerpo legislativo masivo que abarca prácticamente todas las áreas del derecho, incluyendo el civil, comercial, administrativo, penal, procesal, ambiental, de propiedad intelectual, etc..⁶
3. Reglamentos Administrativos (行政法规, Xíngzhèng Fǎguī): Son emitidos por el Consejo de Estado (el gobierno central) para implementar y detallar las leyes nacionales aprobadas por la APN o su Comité Permanente.⁶ Tienen un rango inferior a las leyes.
4. Reglamentos y Normas Locales (地方性法规 / 地方政府规章, Dìfāng xìng Fǎguī / Dìfāng Zhèngfǔ Guīzhāng): Son normas emitidas a nivel subnacional. Los «Reglamentos Locales» son aprobados por las asambleas populares de las provincias, regiones autónomas, municipios bajo jurisdicción central y ciertas ciudades más grandes, así como por sus comités permanentes.⁶ Las «Normas Gubernamentales Locales» son emitidas por los gobiernos locales correspondientes.⁶ Ambas categorías deben ser conformes con la Constitución, las leyes nacionales y los reglamentos administrativos, y su ámbito de aplicación se limita a la respectiva jurisdicción territorial.⁶ Las enmiendas constitucionales de 2018 otorgaron poderes legislativos locales a un mayor número de ciudades.⁹
5. Interpretaciones Judiciales (司法解释, Sīfǎ Jiěshì): Son documentos emitidos principalmente por el Tribunal Popular Supremo (TSP) ²⁹ y, en menor medida, por la Fiscalía Popular Suprema (FPS) ²⁴, con el fin de clarificar cómo deben aplicarse concretamente las leyes y los reglamentos en los procesos judiciales.²⁸ Aunque su función formal es interpretativa, en la práctica, estas interpretaciones tienen un poder cuasi-legislativo muy significativo.²⁸ A menudo llenan vacíos legales, establecen reglas detalladas y unifican criterios para los tribunales inferiores, teniendo una fuerza vinculante de facto.²³ El TSP es prolífico en la emisión de estas interpretaciones; por ejemplo, en 2021 emitió 24.³⁰ Recientemente, ha publicado interpretaciones sobre temas tan diversos como la aplicación de tratados y prácticas internacionales en casos civiles y comerciales ³² o la protección de marcas.³³

C. Otras Fuentes e Influencias

Más allá de la jerarquía formal, otras fuentes e influencias moldean el derecho chino:

Políticas del PCCh: Aunque no son formalmente «ley» en el sentido estricto, las políticas, directrices y documentos emitidos por el Partido Comunista Chino a menudo tienen primacía práctica sobre las normas legales formales.⁷ Guían la elaboración de las leyes, su interpretación y su aplicación por parte de los órganos estatales, incluidos los tribunales.¹²
Costumbres y Tradición: Como se mencionó, la tradición cultural china, con su énfasis en la ética confuciana, la armonía social y la mediación, sigue teniendo relevancia, especialmente en áreas como el derecho de familia, las disputas vecinales o la resolución informal de conflictos.¹
Derecho Internacional: China es parte de numerosos tratados internacionales ²⁵, y su derecho interno debe, en principio, adecuarse a estas obligaciones. La aplicación de tratados y prácticas internacionales en casos judiciales es objeto de interpretaciones específicas por parte del TSP.³² La adhesión a la OMC fue un catalizador importante para la reforma legal interna, especialmente en áreas económicas y de propiedad intelectual.⁶

D. La Flexibilidad de la Jerarquía Normativa en la Práctica

Si bien la Ley sobre Legislación ⁶ establece una clara jerarquía formal de las fuentes del derecho, su aplicación en la práctica demuestra una considerable flexibilidad, a menudo determinada por consideraciones políticas. El principio del liderazgo supremo del PCCh sobre el Estado y la ley ⁶ significa que las directrices políticas del Partido pueden prevalecer sobre las normas legales formales, incluso sobre la Constitución. Además, el hecho de que el control de constitucionalidad resida en un órgano político como la APN ²⁰, en lugar de en un tribunal independiente, debilita la supremacía efectiva de la Constitución frente a la voluntad política del momento. Las interpretaciones judiciales emitidas por el TSP, aunque formalmente en un nivel inferior, ejercen una influencia práctica inmensa, actuando como un mecanismo cuasi-legislativo que adapta y dirige la aplicación de las leyes de acuerdo con las necesidades percibidas y las directrices políticas centrales.²³ Esta confluencia de factores introduce un elemento de maleabilidad e incertidumbre política en el sistema legal, donde la fuente formalmente superior no siempre es la determinante final en la resolución de cuestiones jurídicas.

IV. El Sistema Judicial: Organización, Funciones y Jerarquía

A. Estructura Jerárquica General

El poder judicial en la RPC es ejercido por los «tribunales populares» (人民法院, Rénmín Fǎyuàn), que son los órganos judiciales del Estado.²² El sistema se organiza en una estructura jerárquica de cuatro niveles ⁶: en la base se encuentran los Tribunales Populares Básicos, seguidos por los Tribunales Populares Intermedios y los Tribunales Populares Superiores, y en la cúspide se sitúa el Tribunal Popular Supremo (TSP). Además de estos tribunales ordinarios, existen tribunales especializados.

B. Tribunal Popular Supremo (最高人民法院, Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn)

Es el máximo órgano judicial de China ⁶, ubicado en Beijing, aunque ha establecido seis tribunales de circuito en otras regiones para manejar casos de manera más eficiente, cuyas decisiones tienen el mismo rango que las del propio TSP.²² Es responsable ante la APN y su Comité Permanente ²², lo que subraya su subordinación al poder político. Cuenta con aproximadamente 400 jueces y más de 600 empleados administrativos.²⁸ Sus funciones principales incluyen:

Función Jurisdiccional: Juzga casos de gran impacto nacional en primera instancia, así como apelaciones y protestas contra decisiones de los tribunales populares superiores y tribunales especializados. También puede avocar para sí el conocimiento de cualquier caso que esté siendo juzgado por un tribunal inferior si lo considera necesario.
Supervisión Judicial: Supervisa la administración de justicia de todos los tribunales populares locales (inferiores) y los tribunales especializados.²² Esta supervisión es un elemento clave del control jerárquico en el sistema.
Interpretación Judicial: Emite Interpretaciones Judiciales (司法解释, Sīfǎ Jiěshì) que explican cómo deben aplicarse concretamente las leyes en los procesos judiciales.²⁸ Estas interpretaciones son vinculantes para todos los tribunales inferiores y constituyen una función cuasi-legislativa fundamental.²³ Solo en 2021, el TSP emitió 24 interpretaciones judiciales ³⁰ y recientemente ha publicado guías sobre la aplicación de tratados internacionales.³²
Aprobación de Penas de Muerte: Todas las sentencias de muerte dictadas por tribunales inferiores deben ser revisadas y aprobadas por el TSP antes de su ejecución.²⁸
Gestión de Casos: A pesar de ser la corte suprema, maneja un volumen considerable de casos directamente (más de 33,000 en 2021).³⁰

C. Tribunales Populares Locales (地方人民法院, Dìfāng Rénmín Fǎyuàn)

Estos constituyen la mayor parte del sistema judicial y operan en tres niveles ²²:

Tribunales Populares Superiores (高级人民法院, Gāojí Rénmín Fǎyuàn): Establecidos a nivel provincial (en cada provincia, región autónoma y municipio bajo jurisdicción central).⁶ Actúan como tribunales de primera instancia para casos de gran importancia dentro de su jurisdicción, juzgan las apelaciones contra las decisiones de los tribunales intermedios y supervisan el trabajo de los tribunales inferiores en su área.²²
Tribunales Populares Intermedios (中级人民法院, Zhōngjí Rénmín Fǎyuàn): Se encuentran a nivel de prefectura o municipio con distritos.⁶ Tienen competencia en primera instancia sobre ciertos tipos de casos asignados por ley (a menudo casos penales graves, casos civiles de mayor cuantía, casos administrativos importantes, o casos con implicaciones extranjeras), casos transferidos desde tribunales básicos, y conocen de las apelaciones contra las sentencias y resoluciones de los tribunales básicos.²²
Tribunales Populares Básicos (基层人民法院, Jīcéng Rénmín Fǎyuàn): Son los tribunales de primera instancia para la gran mayoría de los casos civiles, penales, administrativos y económicos.²² Están establecidos a nivel de distrito, condado o ciudad pequeña.⁶ Pueden establecer tribunales itinerantes o secciones especializadas dentro de ellos, como juzgados de familia o secciones dedicadas a asuntos medioambientales.²²

D. Tribunales Especializados

Además de la jerarquía ordinaria, China ha establecido tribunales especializados para tratar asuntos específicos. Estos incluyen tribunales militares (que forman parte del sistema judicial pero tienen su propia estructura), tribunales marítimos, tribunales de propiedad intelectual, tribunales financieros y, más recientemente, tribunales dedicados a casos medioambientales.¹¹

E. Sistema de Instancias y Supervisión

Por regla general, el sistema judicial chino opera con un sistema de dos instancias: un juicio en primera instancia y una apelación ante el tribunal del nivel inmediatamente superior.⁶ La decisión del tribunal de segunda instancia es, en principio, definitiva. Sin embargo, existe un procedimiento extraordinario de «supervisión judicial» o reexamen (审判监督程序, shěnpàn jiāndū chéngxù) que permite reabrir casos incluso después de que una sentencia sea firme.¹¹ Este procedimiento puede ser iniciado por los presidentes de los tribunales, los tribunales superiores, las fiscalías populares (a través de «protestas») o, en ciertas circunstancias, por las propias partes, generalmente alegando errores graves en la sentencia o en el procedimiento.¹¹ Este mecanismo, si bien puede servir para corregir errores judiciales, también introduce una flexibilidad que puede relativizar la fuerza de la cosa juzgada y abrir la puerta a influencias externas post-sentencia.¹¹

F. Principios Procesales Clave

Varios principios guían el funcionamiento de los tribunales:

Juicio Público: La Constitución y las leyes procesales estipulan que, como regla general, las vistas judiciales deben ser públicas.²⁹ Las excepciones se aplican a casos que involucran secretos de Estado, privacidad personal o delitos cometidos por menores.²⁹ Incluso en estos casos, la sentencia debe anunciarse públicamente.²⁹ Las reformas recientes han impulsado la transparencia mediante la publicación obligatoria de la mayoría de las sentencias en internet y la transmisión en directo de algunos juicios.¹¹
Derecho a la Defensa: El acusado tiene derecho a defenderse, ya sea personalmente o mediante un abogado u otro defensor permitido (como familiares o personas recomendadas por organizaciones populares o el lugar de trabajo).²⁹ Los tribunales tienen el deber de garantizar este derecho. Se prevé la designación de abogados de oficio (asistencia legal gratuita) para acusados que no puedan pagarlo, que sean ciegos, sordos o mudos, menores de edad, o que enfrenten la pena de muerte y no tengan defensor.²⁹
Comités Judiciales (审判委员会, Shěnpàn Wěiyuánhuì): Dentro de cada tribunal popular existe un Comité Judicial, compuesto por el presidente, vicepresidentes y jueces experimentados.²² Estos comités tienen la función de deliberar y decidir sobre casos considerados importantes o difíciles, resumir la experiencia judicial y discutir otros asuntos relevantes del trabajo del tribunal.²⁹ A menudo, estos comités son un canal importante para la influencia política o administrativa dentro del tribunal.

G. La Supervisión Judicial como Mecanismo de Control Político y Corrección

El énfasis en la supervisión judicial multinivel, donde los tribunales superiores supervisan a los inferiores ²² y el TSP supervisa a todo el sistema ²², junto con el mecanismo excepcional de reexamen de sentencias firmes ¹¹, cumple una doble función. Por un lado, busca asegurar la uniformidad en la aplicación de la ley y corregir errores judiciales. Por otro lado, dado que el poder judicial en su conjunto está subordinado al liderazgo del PCCh ⁶, estos mecanismos de supervisión y reexamen también operan como canales efectivos para el control político. Permiten a las instancias superiores (incluidas las estructuras del Partido que influyen en ellas) alinear las decisiones judiciales con las políticas y directrices del Partido, incluso después de que se haya dictado una sentencia formalmente definitiva. Esta posibilidad de reabrir casos introduce flexibilidad pero también crea una vía para la intervención política post-sentencia, asegurando que los resultados judiciales no contravengan los intereses políticos considerados fundamentales.

H. El Rol Dual de las Interpretaciones Judiciales del TSP

Las interpretaciones judiciales emitidas por el Tribunal Popular Supremo ²³ desempeñan un papel crucial y dual en el sistema legal chino. Por una parte, cumplen una función técnica indispensable al proporcionar guías detalladas y uniformes para la aplicación de leyes que, en ocasiones, pueden ser generales, ambiguas o relativamente nuevas en un sistema legal que ha experimentado una rápida expansión legislativa.⁶ Llenan vacíos y resuelven dudas interpretativas, aportando previsibilidad. Por otra parte, y de manera igualmente importante, estas interpretaciones actúan como un instrumento clave de gobernanza legal centralizada. Permiten que el liderazgo judicial central, que a su vez responde a las directrices políticas de la APN y del PCCh ²², dirija eficazmente la aplicación de la ley en todo el país. Aseguran la uniformidad y la alineación política en la práctica judicial sin necesidad de recurrir al proceso legislativo formal de la APN para cada detalle operativo. En este sentido, las interpretaciones del TSP son un mecanismo eficiente para traducir las prioridades políticas y legales del centro en directrices operativas para los miles de tribunales de base en toda China.

V. Panorama de las Principales Ramas del Derecho Chino

El sistema legal chino, especialmente desde el inicio de las reformas, ha desarrollado un cuerpo legislativo extenso que se puede agrupar en varias ramas principales.

A. Derecho Civil

Esta rama regula las relaciones de propiedad y las relaciones personales que surgen entre sujetos jurídicos de igual estatus, como ciudadanos, personas jurídicas (empresas, organizaciones) y otras entidades.²⁷ Históricamente, el derecho civil chino estuvo fragmentado en numerosas leyes especiales que cubrían áreas específicas como contratos, responsabilidad civil, derechos de propiedad, matrimonio, sucesiones, patentes, marcas, derechos de autor, etc..⁶ Un hito fundamental en la modernización y sistematización de esta área fue la adopción del Código Civil de la República Popular China, que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Este código unifica gran parte del derecho civil sustantivo en un solo cuerpo legislativo.³⁴ El Código Civil se estructura en siete partes: Disposiciones Generales, Derechos Reales (propiedad, usufructo, garantías), Contratos, Derechos de la Personalidad (nombre, honor, intimidad, protección de datos personales), Matrimonio y Familia, Sucesiones, y Responsabilidad por Daños (responsabilidad extracontractual).³⁴ El código define y protege diversos derechos personales y patrimoniales, reconociendo la propiedad privada «legítima» de los particulares junto con la propiedad estatal y colectiva, aunque siempre dentro de los límites establecidos por la ley y subordinada a los intereses públicos definidos por el Estado.³⁴ En materia contractual, establece la libertad de forma como principio general, aunque con excepciones.³⁴

B. Derecho Penal

El derecho penal define qué conductas constituyen delitos y establece las correspondientes sanciones. Sus fuentes principales son la Ley Penal de la RPC y la Ley de Procedimiento Penal de la RPC.³⁵ En respuesta a los cambios económicos y sociales y a los desafíos globales, China ha modificado su legislación penal para incluir nuevos tipos delictivos, como el financiamiento de actividades terroristas, el lavado de dinero, el uso de información privilegiada en mercados financieros, delitos relacionados con tarjetas de crédito, delitos informáticos, y ha reforzado la protección penal de la propiedad intelectual y el medio ambiente.²⁷ La lucha contra la corrupción ³¹ y el crimen organizado ³¹ son áreas de énfasis recurrente. El Tribunal Popular Supremo juega un papel crucial en la aplicación del derecho penal, ya que es el órgano encargado de revisar y aprobar todas las sentencias de muerte.²⁸ Además, leyes recientes como la Ley de Seguridad Nacional impuesta a Hong Kong en 2020 ¹³ y las revisiones a las leyes sobre espionaje y secretos de Estado ²⁵ demuestran el uso del derecho penal como herramienta para salvaguardar la seguridad política y el control estatal.

C. Derecho Administrativo

Esta rama del derecho regula las relaciones jurídicas de carácter vertical que se establecen entre los órganos de la administración pública y los administrados (ciudadanos, empresas, organizaciones).²⁷ Abarca las normas sobre la organización y competencia de los órganos administrativos, los procedimientos que deben seguir para actuar, las conductas administrativas (actos, permisos, sanciones), la supervisión de la administración y el régimen de los funcionarios públicos.²⁷ El derecho administrativo chino busca, al menos en teoría, lograr un equilibrio entre el ejercicio del poder administrativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los administrados, enfatizando principios como la actuación conforme a la ley, la justicia, la transparencia y la supervisión.²⁷ Incluye una vasta gama de leyes y reglamentos sectoriales que regulan áreas específicas de la actividad administrativa, como el registro de residencia, los grados académicos, la protección del medio ambiente (marino, fluvial, atmosférico), la gestión de reliquias culturales, el servicio militar, el control de medicamentos y alimentos, la salud pública, las aduanas, la protección de secretos de Estado, la planificación familiar, la educación, etc..²⁷ Existen mecanismos para impugnar las decisiones administrativas, como la Ley de Reconsideración Administrativa ²⁷ y la Ley de Procedimiento Administrativo (que permite llevar casos contra la administración ante los tribunales).

D. Derecho Económico y Comercial

El derecho económico regula las relaciones jurídicas que surgen en el ámbito de la actividad económica, incluyendo tanto las relaciones entre agentes económicos privados como la intervención, administración y control del Estado sobre el mercado.²⁷ China adopta un enfoque legislativo que tiende a integrar las normas civiles y comerciales.²⁷ Esta rama incluye leyes fundamentales para el funcionamiento de la economía de mercado socialista, como la Ley de Sociedades (recientemente revisada para mejorar el entorno empresarial ²⁵), la Ley sobre Empresas Conjuntas Chino-Extranjeras ²⁷, la Ley de Contratos (ahora integrada en el Código Civil), leyes sobre propiedad intelectual (marcas ²⁷, patentes ⁶, derechos de autor ⁶), la Ley Antimonopolio (competencia) ²⁷, leyes de regulación bancaria ²⁷, leyes fiscales sobre empresas ²⁷, y legislación sobre inversión extranjera, comercio exterior, etc. La legislación económica ha sido un área de desarrollo legislativo masivo y continuo desde el inicio de las reformas, crucial para facilitar el crecimiento económico, la inversión y la participación en la economía global ⁵, aunque siempre dentro del marco estratégico y bajo la dirección del Estado y del Partido Comunista.

E. La Instrumentalización del Derecho para Fines Políticos y Económicos

Un análisis transversal de estas ramas del derecho revela una característica fundamental del sistema legal chino: su instrumentalización. Aunque China ha adoptado estructuras y conceptos legales reconocibles internacionalmente, especialmente en el derecho civil y comercial ²⁷, el derecho en su conjunto funciona primordialmente como una herramienta al servicio de los objetivos políticos y económicos definidos por el Partido Comunista Chino.⁶ La impresionante expansión legislativa observada desde finales de los años 70 ⁴ ha respondido a las necesidades pragmáticas de gestionar una economía de mercado cada vez más compleja ⁵, mantener la estabilidad social y política, y dirigir el desarrollo nacional según la visión del Partido. El derecho económico y comercial ²⁷ facilita las transacciones y la inversión; el derecho administrativo ²⁷ canaliza la intervención estatal; el derecho penal ²⁷ se utiliza para reprimir la disidencia y mantener el orden; y el nuevo Código Civil ³⁴ busca modernizar las reglas básicas de convivencia e intercambio en una sociedad transformada. En este contexto, el desarrollo y la aplicación del derecho no son vistos como fines en sí mismos – como la limitación abstracta del poder estatal o la protección intrínseca de los derechos individuales – sino como medios para alcanzar los fines estratégicos superiores establecidos por el liderazgo político.

F. Convergencia Formal vs. Divergencia Sustantiva

Observando la estructura y el contenido de la legislación china, especialmente en áreas como el derecho civil (con su reciente codificación ³⁴), el derecho mercantil (leyes sobre sociedades, contratos, propiedad intelectual ⁶) y la propia distinción entre ramas del derecho ²⁷, se podría percibir una convergencia formal con los sistemas de derecho civil de tradición romano-germánica. China ha importado y adaptado muchas formas y categorías legales de estos sistemas. Sin embargo, esta convergencia en la forma coexiste con una profunda divergencia en la sustancia, es decir, en la interpretación y aplicación real de esas normas. Esta divergencia se debe fundamentalmente al contexto político-ideológico único de China: el marco del «Estado de derecho socialista con características chinas» ², la afirmación explícita del liderazgo supremo del PCCh sobre la ley ⁹, la priorización de los intereses colectivos y estatales sobre los derechos individuales ², y la falta de independencia del poder judicial frente al Partido.⁶ Estos factores impregnan la aplicación del derecho, llevando a resultados que pueden diferir significativamente de los que se esperarían en sistemas legales donde la ley opera como un límite efectivo al poder político y los derechos individuales tienen una protección más robusta.

VI. Los Profesionales del Derecho: Formación, Rol y Regulación

El funcionamiento del sistema legal depende de diversos profesionales del derecho, cuyo rol, formación y estatus están definidos por la ley y la práctica política.

A. Jueces

Nombramiento y Destitución: Los jueces en China no gozan de inamovilidad ni independencia en su nombramiento. Los presidentes de los tribunales populares en cada nivel son elegidos y pueden ser removidos por las asambleas populares del nivel administrativo correspondiente. Los demás jueces (vicepresidentes, miembros de comités judiciales, jueces de división y jueces ordinarios) son nombrados y removidos por los comités permanentes de dichas asambleas, a propuesta del presidente del tribunal respectivo.²² Este sistema de nombramiento por órganos políticos electivos (aunque las elecciones no sean competitivas en el sentido occidental) subraya la dependencia política del poder judicial.
Formación y Requisitos: La Ley de Jueces de 1995 (enmendada posteriormente) ¹¹ establece los requisitos para acceder a la carrera judicial. Generalmente se exige un título universitario en derecho y la superación de un examen nacional unificado de cualificación para la profesión legal, el mismo que para abogados y fiscales.⁶ Las reformas en curso buscan elevar el nivel de profesionalización y especialización de la judicatura.¹¹
Estatus y Control: China cuenta con un gran número de jueces (más de 200,000 según una estimación ¹¹), organizados en 12 grados profesionales.¹¹ Están sujetos a la supervisión jerárquica de los tribunales superiores.²² Sin embargo, el control más significativo proviene de la esfera política. Los jueces están sujetos a la influencia y dirección del PCCh, a menudo a través de los comités políticos y legales del Partido a nivel local, y también pueden sufrir presiones de los gobiernos locales, que a menudo controlan la financiación de los tribunales.¹² Aunque las reformas intentan limitar la interferencia indebida de los gobiernos locales en casos específicos ¹², el liderazgo general del Partido sobre el poder judicial permanece intacto.

B. Fiscales (Procuradores)

Nombramiento y Estructura: La Fiscalía Popular Suprema (FPS) encabeza el sistema de fiscalías. Su Fiscal General es elegido por la APN.¹⁵ La organización de las fiscalías populares (人民检察院, Rénmín Jiǎncháyuàn) sigue una estructura jerárquica paralela a la de los tribunales.²²
Funciones: Las fiscalías son definidas como órganos estatales de supervisión legal.²² Sus funciones son amplias e incluyen: supervisar las investigaciones penales realizadas por la policía, decidir sobre la aprobación de arrestos, ejercer la acusación pública en nombre del Estado en la mayoría de los casos penales ²⁹, supervisar la legalidad de los juicios civiles y penales, supervisar la ejecución de sentencias y las actividades en prisiones, e iniciar «protestas» contra sentencias judiciales consideradas erróneas como parte del procedimiento de supervisión judicial.²² Además, han adquirido un rol importante en la iniciación de litigios de interés público, especialmente en áreas como la protección del medio ambiente o los derechos del consumidor.²⁴
Formación y Control: Al igual que los jueces, los fiscales deben tener formación jurídica y aprobar el examen nacional unificado.⁶ También están sujetos a la dirección política del PCCh y a la jerarquía interna del sistema de fiscalías.

C. Abogados (律师, Lǜshī)

Acceso a la Profesión: Para ejercer como abogado en China, un ciudadano debe cumplir varios requisitos: poseer un título universitario en derecho reconocido a nivel nacional (grado, máster o doctorado), aprobar el exigente «Examen nacional unificado de cualificación para la profesión legal» (国家统一法律职业资格考试), y completar satisfactoriamente un período de prácticas de un año en un despacho de abogados.⁶
Juramento: Un elemento distintivo y políticamente significativo es que, para obtener la habilitación final para ejercer, los abogados deben prestar un juramento de lealtad al Partido Comunista Chino.⁶ Este requisito subraya la expectativa de alineación política y la subordinación de la profesión legal a los objetivos del Partido.
Práctica Profesional: A diferencia del pasado, donde predominaban los bufetes estatales, estos fueron disueltos en 2002, y la abogacía se ejerce ahora mayoritariamente en despachos privados.⁶ Se estima que existen alrededor de 17,000 de estos despachos en el país.⁶ Los abogados desempeñan diversas funciones: actúan como defensores en procesos penales ²⁹, representan a las partes en litigios civiles, económicos y administrativos, proporcionan asesoramiento legal a particulares y empresas, y participan en la mediación y otras formas de resolución de disputas.
Regulación y Supervisión: La profesión está regulada por el Ministerio de Justicia y por las asociaciones de abogados a nivel nacional y local. Sin embargo, estas entidades operan bajo la supervisión e influencia del PCCh. Los abogados, especialmente aquellos que se atreven a tomar casos considerados políticamente sensibles (como la defensa de disidentes, activistas de derechos humanos, o miembros de grupos religiosos perseguidos), a menudo enfrentan severas restricciones, vigilancia, intimidación, suspensión de licencia e incluso detención y enjuiciamiento.

D. Otras Figuras Jurídicas

Además de jueces, fiscales y abogados, existen otras categorías de profesionales que desempeñan funciones jurídicas ⁶:

Trabajadores legales de nivel básico (基层法律工作者, jīcéng fǎlǜ gōngzuò zhě): Prestan servicios legales básicos, a menudo en zonas rurales o comunidades locales.
Asesores legales de empresa (企业法律顾问, qǐyè fǎlǜ gùwèn) y Abogados de empresa (公司律师, gōngsī lǜshī): Trabajan dentro de las empresas proporcionando asesoramiento jurídico interno.
Notarios (公证员, gōngzhèng yuán): Autentifican documentos y actos jurídicos, regulados por la Ley Notarial.⁶
Abogados del Estado: Representan los intereses del Estado en ciertos procedimientos.

E. La Profesión Legal como Engranaje del Sistema Político-Legal

La forma en que se estructura, regula y controla la profesión legal en China sugiere que sus miembros – jueces, fiscales y abogados – funcionan primordialmente como componentes integrados del sistema estatal y partidista, más que como una fuerza independiente. Su rol principal es aplicar la ley de acuerdo con las directrices políticas emanadas del PCCh y contribuir al mantenimiento del orden social y la estabilidad del régimen. Varios factores apuntalan esta conclusión: el nombramiento de jueces y fiscales por órganos políticos ¹⁵, la falta de independencia judicial real frente al Partido ⁶, y el requisito explícito de que los abogados juren lealtad al Partido para poder ejercer.⁶ Aunque las reformas buscan mejorar la «profesionalización» ¹¹ y dotar de cierta «autonomía» operativa a los tribunales frente a otras interferencias ¹⁰, estas se realizan siempre dentro del marco incuestionable del liderazgo del Partido.¹¹ Por lo tanto, la función primordial de los profesionales del derecho en China no es actuar como un contrapeso al poder estatal o partidista, sino como ejecutores técnicos y agentes de legitimación del ordenamiento jurídico definido e interpretado por el Partido.

F. La Paradoja de la Profesionalización

El sistema legal chino presenta una interesante paradoja en relación con la profesionalización de sus operadores jurídicos. Por un lado, se observa un claro esfuerzo por elevar los estándares técnicos y la competencia: se implementó un examen nacional unificado de acceso a las profesiones jurídicas ⁶, se promulgó una Ley de Jueces ¹¹, se enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de las sentencias y se promueve la transparencia mediante la publicación de decisiones judiciales.¹¹ Estas medidas buscan, sin duda, mejorar la eficiencia, la previsibilidad y la calidad técnica de la administración de justicia, algo necesario para gestionar una sociedad y una economía cada vez más complejas. Sin embargo, este impulso hacia la profesionalización coexiste, y de hecho está subordinado, a un control político persistente y reafirmado por parte del PCCh.⁶ Los abogados deben jurar lealtad al Partido ⁶, y las reformas judiciales bajo Xi Jinping se vinculan explícitamente a la necesidad de reforzar la disciplina partidista.¹¹ Esto sugiere que la «profesionalización» perseguida no tiene como objetivo crear un cuerpo de juristas autónomo e independiente del poder político, al estilo occidental. Más bien, parece orientada a formar un contingente de técnicos legales competentes capaces de implementar las políticas del Partido de manera más eficaz y de gestionar las complejidades del sistema legal moderno, pero siempre al servicio de los objetivos y bajo la dirección del sistema político existente. Es una profesionalización instrumentalizada.

VII. Análisis del «Estado de Derecho Socialista con Características Chinas»

A. Definición y Componentes Clave

El concepto de «Estado de derecho socialista con características chinas» es la doctrina oficial que guía el desarrollo y la reforma del sistema legal en la RPC.² Para comprenderlo, es útil desglosar sus componentes:

Componente Socialista: Subraya la base ideológica del sistema, arraigada en el marxismo-leninismo adaptado a China (incluyendo el Pensamiento Mao Zedong, la Teoría de Deng Xiaoping y el Pensamiento de Xi Jinping).⁵ Se refleja en la persistencia de la propiedad pública como pilar de la economía (aunque coexiste con un sector privado significativo ¹⁴) y en la orientación general del sistema legal hacia la consecución de los objetivos del desarrollo socialista definidos por el Partido.
Componente «Características Chinas»: Este elemento justifica la adaptación del modelo legal a las condiciones históricas, culturales y políticas específicas de China.¹² Incluye la influencia de valores culturales tradicionales como el colectivismo y la búsqueda de la armonía social.¹ Sin embargo, la «característica china» más crucial y definitoria, especialmente enfatizada en la era de Xi Jinping, es el liderazgo supremo e incuestionable del Partido Comunista Chino sobre el Estado y la sociedad.⁹ Este liderazgo es considerado la «garantía fundamental» para la realización del Estado de derecho a la china.¹²
Componente «Estado de Derecho» (法治, Fǎzhì): Este término se interpreta predominantemente como gobernar mediante la ley (rule by law).² Es decir, se concibe la ley como un instrumento esencial y eficaz para que el Partido y el Estado ejerzan el poder, mantengan el orden social, dirijan la economía y gestionen la sociedad. Se diferencia claramente del concepto occidental de Estado de Derecho (rule of law), que postula la supremacía de la ley sobre todos los actores, incluido el propio gobierno, y actúa como un límite al poder estatal.

B. Comparación con el Estado de Derecho en Tradiciones de Derecho Civil y Common Law

Las diferencias entre el «Estado de derecho socialista con características chinas» y las concepciones predominantes en los sistemas de derecho civil y common law son fundamentales:

Supremacía de la Ley vs. Supremacía del Partido: Mientras que los sistemas occidentales se basan en el principio de la supremacía de la ley (especialmente la Constitución) sobre todas las personas e instituciones, incluido el gobierno, el sistema chino afirma explícitamente la supremacía del PCCh sobre la ley y el Estado.⁶ La ley es considerada una herramienta creada y utilizada por el Partido para lograr sus objetivos.
Separación de Poderes vs. Poder Unificado bajo el Partido: Los sistemas occidentales se caracterizan (al menos idealmente) por la separación e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, concebida como un sistema de frenos y contrapesos para limitar el poder. En China, aunque existe una división funcional de tareas entre los diferentes órganos del Estado ⁷, todos ellos están unificados bajo la dirección política del PCCh.⁶ Esto elimina la posibilidad de una independencia real, especialmente del poder judicial respecto al poder político.⁶
Independencia Judicial: Considerada una piedra angular del Estado de Derecho en Occidente, la independencia judicial es inexistente en China en lo que respecta a la subordinación al Partido Comunista.⁶ La independencia frente a otras ramas del gobierno o influencias locales también es limitada y precaria.²² Las reformas que buscan una mayor «autonomía» operativa ¹⁰ no pretenden establecer una independencia política del poder judicial.
Derechos Individuales: En las tradiciones occidentales, el Estado de Derecho está intrínsecamente ligado a la protección de los derechos y libertades individuales frente a posibles abusos del poder estatal. En China, aunque la Constitución enumera una serie de derechos de los ciudadanos ¹⁵, estos son interpretados y aplicados de manera que quedan subordinados a los intereses colectivos, la estabilidad social, la seguridad nacional y las necesidades del Estado, tal como son definidos por el PCCh.² La protección de los derechos individuales es a menudo restrictiva y condicionada.
Control de Constitucionalidad: En muchos sistemas de derecho civil y common law, los tribunales (ya sean tribunales constitucionales especializados o tribunales supremos ordinarios) tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y anular aquellas que contravengan la Constitución. En China, esta función crucial de control de constitucionalidad no reside en el poder judicial, sino en la Asamblea Popular Nacional, un órgano eminentemente político.²⁰ Esto significa que la Constitución carece de un mecanismo judicial efectivo para garantizar su supremacía sobre la legislación ordinaria aprobada por la misma APN o su Comité Permanente, debilitando su fuerza normativa frente a la voluntad política.

C. El Concepto como Herramienta Ideológica y de Legitimación

El «Estado de derecho socialista con características chinas» puede entenderse como un constructo ideológico multifuncional que sirve a los intereses del PCCh de varias maneras. Primero, permite al régimen adoptar la terminología del «Estado de Derecho», que goza de reconocimiento y legitimidad a nivel internacional ², proyectando una imagen de modernidad y gobernanza basada en normas. Segundo, proporciona una justificación ideológica para la necesaria modernización y expansión del sistema legal, requerida para gestionar una economía de mercado compleja y una sociedad diversificada.⁵ Tercero, y de manera crucial, logra estos objetivos reafirmando y preservando simultáneamente el monopolio del poder del Partido.⁶ Esto se consigue redefiniendo el concepto de «Estado de Derecho» de manera que sea compatible con el sistema político de partido único, integrando el liderazgo del Partido como su elemento central y definitorio.⁹ Por lo tanto, este concepto no representa una convergencia genuina hacia los modelos liberales de Estado de Derecho, sino más bien una cooptación estratégica y una redefinición del término para adaptarlo a los objetivos políticos específicos del PCCh: modernizar la gobernanza legal sin ceder el control político.

D. La Influencia Persistente de la Tradición Cultural

Más allá de la ideología socialista explícita y el control político del Partido, la forma en que se entiende y aplica el «Estado de Derecho» en China también está teñida por influencias culturales profundamente arraigadas. La preferencia tradicional china por la armonía social, el cumplimiento de los deberes colectivos, la importancia de las relaciones jerárquicas y el uso de la mediación y la conciliación sobre el litigio adversarial ¹ sigue presente en la práctica legal contemporánea.³ Este sustrato cultural, que tiende a priorizar el bienestar colectivo y la estabilidad sobre los derechos individuales y el conflicto formal ², se alinea convenientemente con la ideología colectivista del Partido y facilita la aceptación de un modelo legal donde el individuo y sus derechos están claramente subordinados a los intereses del colectivo, del Estado y, en última instancia, del Partido. Esta dimensión cultural diferencia aún más la concepción china del Estado de Derecho de los modelos occidentales, que tienden a estar más centrados en el individualismo, el litigio como forma principal de resolución de disputas y la protección de los derechos individuales frente al poder.

VIII. Reformas Legales y Desarrollos Recientes

A. Proceso Continuo de Legislación y Codificación

China se encuentra inmersa en un proceso dinámico y continuo de reforma y actualización legislativa que comenzó en las décadas de 1980 y 1990 y continúa hasta hoy.⁴ Se han adoptado cientos de leyes y reglamentos que cubren prácticamente todas las áreas de la vida social y económica.⁶ Un esfuerzo significativo ha sido la codificación de áreas clave del derecho; el ejemplo más notable es la culminación de décadas de trabajo con la promulgación del Código Civil unificado en 2020, que entró en vigor en 2021.³⁴ Existe un objetivo declarado por parte de las autoridades de crear una legislación de «alta calidad», más sistemática y coherente.²

B. Reformas en el Sistema Judicial

Paralelamente a la actividad legislativa, se han implementado diversas reformas destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema judicial:

Búsqueda de Mayor Autonomía (Limitada): Se han realizado esfuerzos para otorgar a los tribunales una mayor autonomía operativa, especialmente frente a la interferencia de los gobiernos locales y otros órganos administrativos en casos específicos.¹⁰ Sin embargo, esta búsqueda de autonomía no se extiende a la independencia frente a la dirección política general del PCCh, que se mantiene como principio rector.¹²
Profesionalización: Se ha puesto énfasis en mejorar la cualificación y competencia de los jueces, estableciendo requisitos más estrictos de formación jurídica y la superación de exámenes nacionales unificados.⁶
Transparencia: Se han adoptado medidas para aumentar la transparencia del sistema judicial, como la promoción del juicio público como regla general ²⁹, la publicación obligatoria de la mayoría de las sentencias judiciales en una plataforma online centralizada ¹¹, y la experimentación con la transmisión en directo de audiencias judiciales.¹¹
Centralidad del Juicio: Las reformas procesales buscan dar mayor peso al juicio oral como fase central del proceso, enfatizando la presentación y el debate de pruebas ante el juez y reforzando la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente.¹¹
Informatización: Se ha impulsado el uso extensivo de tecnologías de la información para la gestión de casos, la presentación de documentos, la comunicación con las partes y la publicación de información judicial.¹¹

C. Legislación Clave Reciente

En los últimos años, se ha aprobado una serie de leyes significativas que reflejan las prioridades actuales del liderazgo chino:

Código Civil (2021): Unifica y moderniza el derecho civil sustantivo.³⁴
Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong (2020): Impuesta por Beijing, prohíbe actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras en Hong Kong, otorgando amplios poderes a las agencias de seguridad de China continental y con disposiciones de aplicabilidad extraterritorial.¹³
Leyes Ambientales: Se ha fortalecido la legislación ambiental con nuevas leyes (como la Ley de Conservación Ecológica de la Meseta Qinghai-Tíbet) y revisiones a leyes existentes (como la Ley de Protección del Medio Ambiente Marino).²⁵ Se estableció por ley el 15 de agosto como Día Nacional de Ecología ²⁵, y ha habido un aumento en los litigios ambientales de interés público.³¹
Leyes de Seguridad del Estado: Se han revisado normas relativas al espionaje y la protección de secretos de Estado, endureciendo los controles.²⁵
Ley de Relaciones Exteriores (2023): Codifica y afirma legalmente los principios y políticas diplomáticas de China.²⁵
Ley de Educación Patriótica (2023): Diseñada para inculcar sistemáticamente la lealtad al país, al Partido Comunista y al socialismo en la población.²⁵
Otras Áreas: Se han aprobado o revisado leyes importantes en áreas como la protección de datos personales (aunque no en los snippets, es relevante), la regulación económica (por ejemplo, la revisión de la Ley de Sociedades para mejorar el entorno empresarial ²⁵), y la gobernanza social.²⁵ El Comité Permanente de la APN reportó haber deliberado sobre 34 proyectos legislativos y adoptado 21 de ellos en solo un año.²⁵

D. El XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y la «Circulación Dual»

Aunque se trata principalmente de un plan de desarrollo económico, el XIV Plan Quinquenal y su estrategia central de «Circulación Dual» (que busca reequilibrar la economía china fomentando el mercado interno y reduciendo la dependencia de las exportaciones y la tecnología extranjera) tienen importantes implicaciones legales.²¹ La implementación de esta estrategia requiere reformas estructurales y, previsiblemente, nueva legislación en áreas como la competencia, la protección del consumidor, la innovación tecnológica y la regulación financiera, entre otras.

E. Reformas con Doble Filo: Modernización y Control

Las reformas legales y los desarrollos legislativos recientes en China exhiben una clara dualidad. Por un lado, muchas de estas medidas buscan modernizar el sistema legal, hacerlo más eficiente, técnico y predecible, especialmente en áreas cruciales para el desarrollo económico y la gobernanza de una sociedad compleja. La codificación del derecho civil ³⁴, las reformas orientadas a la transparencia y profesionalización judicial ¹¹, y el fortalecimiento de la legislación ambiental ²⁵ son ejemplos de esta tendencia modernizadora, que también responde a presiones sociales internas y a la necesidad de alinearse con ciertas prácticas internacionales. Por otro lado, muchas de estas reformas y, sobre todo, nuevas leyes promulgadas simultáneamente, tienen como objetivo reforzar el control político del PCCh, fortalecer la seguridad nacional y promover la conformidad ideológica. La Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong ¹³, la Ley de Educación Patriótica ²⁵, las revisiones a las leyes de seguridad del Estado ²⁵ y el énfasis continuo en la disciplina y el liderazgo del Partido dentro del propio sistema judicial ¹¹ ilustran esta segunda tendencia. Por lo tanto, el proceso de reforma legal en China no debe interpretarse como un movimiento lineal hacia un modelo liberal de Estado de Derecho, sino como un proceso complejo y a veces contradictorio, donde la modernización técnica y la búsqueda de eficiencia coexisten y se combinan con el fortalecimiento del control político y la priorización de la seguridad del régimen.

F. La Legislación como Respuesta Reactiva y Proactiva

La intensa actividad legislativa observada en los últimos años ²⁵ sugiere que el liderazgo chino utiliza la ley de manera estratégica, tanto reactiva como proactivamente. De forma reactiva, se promulgan leyes para abordar problemas sociales o económicos emergentes que requieren regulación, como la protección de datos personales, la contaminación ambiental ²⁵ o la necesidad de mejorar el clima de negocios.²⁵ De forma proactiva, la legislación se utiliza como una herramienta para moldear activamente la sociedad de acuerdo con la visión y los valores promovidos por el Partido (ej. Ley de Educación Patriótica ²⁵), para afirmar la posición de China en la arena internacional (ej. Ley de Relaciones Exteriores ²⁵), o para consolidar el control sobre territorios o esferas consideradas estratégicas (ej. Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong ¹³). El alto volumen legislativo indica que el Partido y el Estado ven la ley como un instrumento de gobernanza dinámico y central, útil tanto para resolver problemas prácticos como para impulsar su agenda política e ideológica a largo plazo.

IX. Perspectivas Internacionales y Desafíos Actuales

A. Evaluaciones Internacionales sobre el Estado de Derecho

A nivel internacional, existe un amplio consenso entre académicos, organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales de que el sistema legal chino no cumple con los estándares de un Estado de Derecho (Rule of Law) tal como se entiende en las democracias liberales. Las críticas se centran en las diferencias fundamentales analizadas previamente (Sección VII.B), particularmente la falta de supremacía de la ley sobre el Partido y la ausencia de un poder judicial independiente.⁶ Se mira con escepticismo las reformas judiciales ¹⁰, cuestionando si buscan una mejora sustantiva en la protección de derechos y la limitación del poder, o si son meramente ajustes técnicos para mejorar la eficiencia del sistema bajo el control político existente.¹²

B. Independencia Judicial

La falta de independencia judicial es, quizás, la crítica más persistente y fundamental desde la perspectiva internacional.⁶ La subordinación constitucional y práctica de los tribunales al liderazgo del PCCh ¹², la influencia de los gobiernos locales (especialmente en la financiación y nombramientos a niveles inferiores) ¹², y el sistema de nombramiento de jueces por órganos políticos ²² son vistos como barreras estructurales insuperables para el establecimiento de una judicatura independiente según los estándares internacionales comúnmente aceptados.

C. Protección de los Derechos Humanos

La situación de los derechos humanos en China, en el contexto de su sistema legal, es objeto de graves y continuas preocupaciones internacionales. Aunque la Constitución china enumera una serie de derechos fundamentales ¹⁵, su protección efectiva en la práctica es a menudo deficiente y subordinada a los intereses del Estado y del Partido. Las críticas se centran en:

Restricciones a las libertades fundamentales: Severas limitaciones a la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y de acceso a la información.¹⁵
Libertad religiosa: Aunque la Constitución garantiza la libertad de creencias religiosas, en la práctica el Estado ejerce un control estricto sobre las actividades religiosas, persiguiendo a grupos no registrados o considerados una amenaza.¹⁵
Derechos de las minorías étnicas: A pesar de las garantías constitucionales de igualdad ¹³, existen informes creíbles y extensos sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos contra minorías étnicas, especialmente en Xinjiang (uigures y otros grupos musulmanes) y Tíbet.
Sistema de justicia penal: Preocupaciones sobre la falta de garantías plenas del debido proceso, el uso de detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos para obtener confesiones (a pesar de la prohibición formal de pruebas ilegales ¹¹), la falta de acceso efectivo a abogados defensores independientes, y el uso extensivo de la pena de muerte, a menudo tras procedimientos sumarios.²⁸
Persecución de defensores de derechos humanos: Hostigamiento, detención, encarcelamiento y desaparición forzada de abogados, activistas y periodistas que intentan defender los derechos humanos o criticar al gobierno.

El gobierno chino rechaza habitualmente estas críticas como interferencia en sus asuntos internos y presenta una narrativa alternativa, enfatizando los logros en la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la gestión eficaz de desastres como avances primordiales en materia de derechos humanos, priorizando los derechos económicos y sociales y el derecho a la estabilidad sobre las libertades civiles y políticas.¹⁶

D. Implicaciones Internacionales

Las características del sistema legal chino tienen importantes implicaciones en sus relaciones con el resto del mundo. La falta de independencia judicial, la opacidad en ciertos procesos, la potencial influencia política en decisiones legales y la ambigüedad de algunas normativas pueden generar incertidumbre y riesgos para las empresas e inversores extranjeros que operan en China, a pesar de los esfuerzos declarados por mejorar el entorno empresarial.²⁵ Las profundas diferencias en las concepciones sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos crean fricciones constantes en las relaciones diplomáticas, en los foros multilaterales y en la opinión pública internacional. Además, la tendencia a aplicar ciertas leyes chinas de forma extraterritorial, como la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ¹³, genera preocupación en otros países sobre la posible vulneración de su soberanía y los derechos de sus ciudadanos.

E. El Choque de Paradigmas Legales y Políticos

Las discusiones y controversias internacionales sobre el sistema legal chino reflejan, en el fondo, un choque entre dos paradigmas fundamentalmente diferentes sobre la relación entre la ley, el Estado y la sociedad. Por un lado, el paradigma liberal-democrático predominante en Occidente, que concibe el Estado de Derecho como un sistema donde la ley limita el poder del Estado, protege los derechos individuales y garantiza la independencia judicial como contrapeso esencial. Por otro lado, el paradigma chino del «Estado de derecho socialista», que entiende la ley como un instrumento de gobernanza bajo el control del Partido Comunista, orientado a garantizar la estabilidad social, el desarrollo económico y la perpetuación del sistema político existente, priorizando los intereses colectivos y la autoridad del Partido sobre los derechos individuales y la limitación del poder.² Las críticas internacionales suelen basarse en los principios del primer paradigma, mientras que China defiende la legitimidad y eficacia de su propio modelo basándose en el segundo paradigma y en sus resultados socioeconómicos.⁵ Este desacuerdo sobre premisas normativas básicas hace que el diálogo sea a menudo difícil y las posturas parezcan irreconciliables.

F. La Instrumentalización del Derecho Internacional

La forma en que China interactúa con el ordenamiento jurídico internacional también parece seguir una lógica instrumental y pragmática. China participa activamente en el sistema legal internacional: es miembro de organizaciones como la OMC ⁶, firma y ratifica numerosos tratados internacionales ²⁵, y sus tribunales consideran la aplicación de tratados y prácticas internacionales en casos relevantes.³² Sin embargo, esta participación parece ser selectiva. China tiende a adoptar e implementar aquellas normas internacionales que percibe como beneficiosas para sus intereses económicos y políticos (como las reglas del comercio internacional que facilitaron su crecimiento), mientras que muestra una fuerte resistencia a aceptar o implementar normas o críticas internacionales que podrían desafiar su soberanía interna, su modelo político o el control del Partido Comunista (particularmente en el ámbito de los derechos humanos y las libertades políticas). Las interpretaciones judiciales que guían la aplicación de tratados internacionales en China, aunque mencionan principios como el cumplimiento de buena fe, probablemente reflejarán este enfoque pragmático, asegurando que la aplicación del derecho internacional no comprometa los intereses nacionales fundamentales tal como son definidos por el Partido, invocando a menudo el principio de soberanía nacional como límite.³²

X. Conclusión

A. Síntesis de Características Definitorias

El sistema legal de la República Popular China se presenta como una entidad compleja y, en muchos sentidos, híbrida. Combina una estructura legal formal cada vez más sofisticada, con una vasta producción legislativa y esfuerzos de modernización técnica, con la realidad subyacente de un control político absoluto ejercido por el Partido Comunista Chino. La característica más definitoria del sistema es precisamente esta tensión entre el discurso adoptado del «Estado de Derecho» (socialista con características chinas) y la primacía indiscutible del Partido sobre la ley y todas las instituciones estatales, incluido el poder judicial. La ley funciona fundamentalmente como un instrumento de gobernanza, utilizado por el Partido para dirigir el desarrollo económico, mantener la estabilidad social y política, y legitimar su poder. La coexistencia de una legislación detallada con mecanismos de control político y una interpretación flexible de las normas asegura la conformidad del sistema legal con los objetivos estratégicos del liderazgo.

B. Tensiones Inherentes y Desafíos Futuros

Este modelo presenta tensiones inherentes y enfrenta desafíos significativos. Existe una tensión constante entre la necesidad de crear un entorno legal predecible y basado en reglas (especialmente para sostener una economía de mercado compleja y atraer inversión) y la necesidad percibida por el Partido de mantener la flexibilidad y el control político para intervenir cuando lo considere necesario. El desafío de gestionar la creciente complejidad social y económica de China a través de un sistema legal altamente centralizado y políticamente dirigido es considerable. Además, la brecha entre las expectativas y normas internacionales sobre el Estado de Derecho y los derechos humanos, y la realidad del sistema chino, genera fricciones continuas en el ámbito internacional y plantea interrogantes sobre la legitimidad a largo plazo del modelo, tanto interna como externamente, a medida que la sociedad china sigue evolucionando y conectándose con el mundo.

C. Perspectivas sobre la Evolución Futura

De cara al futuro, es probable que la tendencia dual observada en los últimos años continúe. Se puede esperar que China siga modernizando su legislación y la administración de justicia en términos técnicos y de eficiencia, adoptando nuevas tecnologías y refinando sus marcos normativos para abordar los desafíos de una gran potencia económica y tecnológica. Sin embargo, es igualmente probable que esta modernización se combine con un control político firme, e incluso reforzado, bajo el liderazgo actual, con un énfasis continuo en la seguridad nacional, la estabilidad social y la conformidad ideológica. La trayectoria futura del sistema legal chino dependerá crucialmente de las prioridades políticas que establezca el PCCh, de las presiones económicas internas y externas, y de la evolución de la propia sociedad china. No obstante, una convergencia significativa hacia los modelos occidentales de Estado de Derecho, caracterizados por la limitación del poder político y la independencia judicial, no parece probable en el futuro previsible. El sistema legal chino seguirá, con toda probabilidad, desarrollándose a lo largo de su propio camino, definido por el concepto de «Estado de derecho socialista con características chinas» y el papel central del Partido Comunista.