Flores para la AN

Por: Gerardo Fernández
No desmiente ni desvirtúa las denuncias de fondo sobre la contratación de su parentela.

La Asamblea Nacional no quiere controlar ni quiere que la controlen. Además, no legisla porque abandonó el ejercicio de dicha función. Más daño no le puede hacer esta "revolución" a nuestro Poder Legislativo.


La AN ejerce constitucionalmente la función legislativa y la función contralora. La función legislativa la abandonó, primero por la ineficacia que ha demostrado el parlamento venezolano en hacer la ley, lo cual dio como resultado que no se hacen leyes en Venezuela y las pocas que se sancionan, son de muy mala calidad técnica e inconvenientes políticamente; en segundo lugar, el abandono se produce de manera dramática cuando habilitó al Presidente de la República por período de año y medio y sin limitación material para sustituirse en el trabajo de la AN. Con resultado poco halagador. Para muestra la "ley sapo".

La función contralora del Parlamento es la función de futuro, es el sostén de la democracia y el rol más importante que juega una AN moderna y eficaz. Controlar a la administración pública y controlarse a sí misma es fundamental para fortalecer nuestras instituciones, luchar contra la corrupción y lograr calidad en la prestación y gestión de los servicios públicos. La AN en los últimos años no ha realizado dicha labor: es complaciente con los órganos del poder público llamados a controlar; no exige cuentas, no investiga, no interpela, no se informa, no orienta, no debate, no exige responsabilidad política a las autoridades públicas.

Esta semana, para colmo, la AN -y particularmente su Presidenta- se niega a abrir una investigación para averiguar supuestos vicios cometidos en el concurso de oposición para contratar a sus trabajadores. No desmiente ni desvirtúa las denuncias de fondo sobre la contratación de su parentela publicadas por periodistas cumpliendo con su labor, sino que los ataca irrespetuosamente señalándolos como "mercenarios de la pluma".

Una AN que abandonó sus obligaciones, degradada y antidemocrática. Más daño imposible.

gfernandez@cjlegal.net