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Los bancos y las entidades de ahorro y préstamo privadas no podrán acceder a la data contenida en el Sistema de Información Central de Riesgos (Sicri), hasta tanto los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no resuelvan si la posibilidad que tienen las instituciones financieras de compartir el récord crediticio de sus clientes pone en peligro sus derechos «a la vida privada, intimidad y confidencialidad».
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