El académico Ramón Escovar León propone reformar los planes de estudio de las Facultades de Derecho para desarrollar el lenguaje claro y accesible, con uso crítico de la inteligencia artificial.
Lenguaje claro en Venezuela: la reforma de la formación del jurista como punto de partida
Los días 1 y 2 de octubre de 2026 se celebró en La Plata (Argentina) la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. En ese foro, el académico Ramón Escovar León, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Profesor Emérito de la Universidad Central de Venezuela, presentó la ponencia titulada «La reforma curricular para el desarrollo del lenguaje claro y accesible en Venezuela». Su planteamiento merece atención por una razón elemental: desplaza el debate desde la corrección de los textos ya escritos hacia la formación de quien los escribe.
La claridad como exigencia democrática
El autor parte de una premisa: el ciudadano tiene derecho a comprender las normas y las decisiones que afectan sus derechos. Desde esa perspectiva, el lenguaje claro deja de ser una preferencia estilística y se convierte en un requisito de la relación entre las instituciones y las personas, que contribuye a la seguridad jurídica y a la confianza en el sistema de justicia. Esto no implica renunciar al lenguaje técnico del derecho, sino emplearlo con precisión y de forma comprensible para sus destinatarios.
El autor sostiene, además, que la extensión de una sentencia no le otorga autoridad. Critica la oscuridad, la ampulosidad y la acumulación de transcripciones que caracterizan con frecuencia las decisiones judiciales venezolanas, y propone un criterio práctico de claridad: una sentencia debería poder traducirse a otro idioma sin pérdida de sentido.
El problema comienza en la universidad
La tesis central es que las deficiencias de redacción no nacen en el tribunal. Las carencias lingüísticas y los hábitos defectuosos de escritura que no se corrigen durante la carrera se trasladan luego a demandas, contratos, dictámenes y sentencias. Por ello, una guía de estilo, por útil que sea, solo actúa sobre abogados y jueces ya formados. Escovar León observa que el modelo francés de guía de estilo judicial, que cita como referencia, opera sobre una tradición educativa distinta, y que su aplicación en Venezuela exige atender el deterioro de la formación lingüística y humanística de muchos estudiantes.
La experiencia docente del autor respalda su propuesta. En los seminarios de doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello (2022-2023) y de la Universidad Central de Venezuela (septiembre de 2026), jueces, litigantes y docentes reescribieron sentencias y lograron reducirlas a la mitad, e incluso a la tercera parte, sin afectar su contenido jurídico. La conclusión es que la claridad puede enseñarse y aprenderse. No obstante, esas experiencias ocurren en el posgrado, cuando la formación básica ya concluyó.
Contenido de la reforma curricular propuesta
La ponencia plantea una formación integral y no una asignatura aislada de «lenguaje claro». Sus componentes son:
- Lingüística y morfosintaxis: al menos dos cursos, orientados a que el jurista domine el instrumento fundamental de su profesión, sin pretender convertirlo en lingüista.
- Talleres de redacción: dos de redacción general y uno de redacción jurídica, trabajados con los documentos que el estudiante encontrará en el ejercicio profesional.
- Literatura y Derecho: asignatura que hoy existe en Venezuela solo en el nivel doctoral y que el autor propone llevar al pregrado, posiblemente como optativa al final de la carrera, con apoyo de las escuelas de letras y clubes de lectura.
- Argumentación: porque la claridad de la expresión depende de la claridad del pensamiento, es decir, de distinguir los hechos relevantes, delimitar el problema jurídico y ordenar las premisas hasta la conclusión.
Inteligencia artificial: herramienta auxiliar, no sustituto del juicio
Uno de los aportes más actuales del trabajo es su tratamiento de la inteligencia artificial. El autor sostiene que la universidad no debe ignorarla ni rechazarla, sino enseñar a utilizarla con sentido crítico. Reconoce su utilidad para investigar, comparar textos, inventariar pruebas, detectar repeticiones y reducir transcripciones innecesarias, pero advierte sobre sus «alucinaciones» y subraya que la verificación y la responsabilidad permanecen en el jurista.
Como ejercicio, propone reescribir con apoyo de IA sentencias extensas del Tribunal Supremo de Justicia. Cita, a título ilustrativo, la sentencia n.º 447 de la Sala Constitucional, del 1.º de abril de 2025, cuyo primer capítulo, de cinco páginas, reproduce íntegramente el escrito del solicitante. Señala también que la propia formulación de las instrucciones a la herramienta exige precisión lingüística. Su conclusión es que, cuanto más capaz sea la IA de producir textos, más necesario será formar juristas capaces de evaluarlos.
Una reforma que trasciende las aulas
La propuesta se completa con una dimensión institucional: la elaboración de una guía de estilo judicial adaptada a Venezuela, con participación del Tribunal Supremo de Justicia, y la creación de un observatorio venezolano de lenguaje claro y accesible. Este último estudiaría de forma continua el lenguaje de la legislación, de los escritos forenses y de las sentencias, organizaría actividades de formación y mantendría vínculos con la Red Panhispánica. Universidades, academias, tribunales y colegios de abogados aportarían, cada uno, su experiencia específica.
La ponencia identifica con acierto que la calidad del lenguaje jurídico es un problema de formación y no solo de estilo. Su propuesta es concreta, verificable y compatible con las herramientas tecnológicas disponibles. Para el ejercicio profesional, el mensaje es directo: la precisión lingüística forma parte de la técnica del abogado, y la inteligencia artificial, bien utilizada, la potencia, pero no la reemplaza. Como el propio autor concluye, el lenguaje claro no comienza cuando el juez redacta la sentencia, sino cuando el futuro jurista aprende a leer, pensar y escribir.
Fuente: ponencia de Ramón Escovar León, ACIENPOL. Descarga
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