SISTEMA DE JUSTICIA DESLEGITIMADO (Breve consideración)
En nuestro sistema constitucional existe un régimen de garantías, que constituyen un conjunto de herramientas o mecanismos que tratan de asegurar que algunos principios de protección del imputado sean respetados por las autoridades que intervienen en el proceso penal. La Constitución impide que se trate como si fuera culpable a la persona que se le atribuye un hecho punible hasta que medie sentencia firme. En definitiva, tomando prestadas las palabras del maestro argentino Julio Maier «…el imputado goza de la misma situación jurídica que un inocente». Preocupa sobremanera que el Fiscal tome más en cuenta la protección del testigo, que el resguardo del principio de presunción de inocencia a favor de los imputados.
El Ministerio Público ha dejado de ser control de la legalidad y acusador racional para convertirse en una máquina de acusar sin sentido ni razón y ha erigido a Giovanny Vásquez como el juez inquisidor. La actuación del Fiscal General de la República ha debilitado la legitimidad del Estado al desatender, bajo el silencio cómplice del órgano jurisdiccional, la prohibición dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de dar al imputado tratamiento de culpable sin que medie la sentencia firme (Sentencia N° 397 de fecha 21 de junio de 2.005). Lo que está en juego es la garantía política que protege al ciudadano que ingresa al ámbito de actuación de las normas procesales y penales.
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