El estado de California no demostró ninguna relación causal directa entre videojuegos violentos y el daño a menores de edad.
La industria de los videojuegos ha puesto en marcha un sistema voluntario de clasificación diseñado para informar a los consumidores y propietarios de tiendas de juegos que contienen un alto grado de violencia. Dijo que los padres «que se preocupan por el asunto» fácilmente pueden evaluar los juegos de sus hijos a casa.
La ley objeto de disputa fue aprobada en 2005 en California, pero las acciones legales impedieron que entrara en vigor. California había pedido al tribunal supremo forjar una nueva excepción a la Primera Enmienda que abarcaría la venta a menores de edad de los juegos violentos.
El Estado argumentó que el cerebro de un menor no está totalmente maduro como para manejar el control de la conducta, y que la violencia en los juegos puede tener un efecto negativo más duradero de lo que sería para un adulto. Pero la industria contraatacó. Paul Smith, un abogado que representa a los fabricantes de videojuegos, dijo al tribunal que corresponde a los padres, no el gobierno para proteger a los niños de los juegos.
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