El problema de la corrupción ha estado recibiendo cada vez más atención en los últimos años, y diferentes gobiernos y organizaciones han venido desarrollando leyes e instrumentos para combatir la corrupción.
Hoy, tenemos no solamente un conjunto de casos-ley, sino también gran abundancia de casos prácticos, que contribuyen al aumento de la conciencia pública a este respecto. La mayoría de estos casos-ley provienen de decisiones y juicios seguidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por las violaciones denunciadas del FCPA, cometidas por compañías grandes y medianas, y por sus representantes generalmente de alto nivel de ésas compañías a través del mundo. Algunos de esos casos han surgido por denuncias de pagos efectuados relacionados con las actividades corporativas de las compañías denunciadas, en alrededor de veinte países, incluyendo Colombia, Trinidad y Trinidad y Tobago y Venezuela entre otros.
En el 2002, algunas secciones de la Ley contra terrorismo, crimen y seguridad del Reino Unido del 2001 cobran fuerza dando carácter extraterritorial a la legislación BRITÁNICA existente sobre soborno y corrupción. En consecuencia, a partir de esa fecha, bajo el espectro de aplicación de ATCSA, todas las compañías del Reino Unido, sus representantes, agentes entre otros, son responsables criminalmente (con el riesgo de ser procesados y convictos) en Reino Unido por las ofensas y violaciones cometidas fuera del territorio Británico.
Bajo las mencionadas leyes, las penas pueden variar, pero generalmente la gama varia de multas a las compañías y a sus empleados y agentes, a la suspensión de los privilegios de exportación, la prohibición de participar en licitaciones para los contratos con el gobierno, e inclusive al encarcelamiento.
Existen también ramificaciones significativas, en términos de publicidad adversa y daño a la reputación corporativa, que una investigación y/o acusación por violaciones de FCPA o de ATCSA, puede acarrear para una compañía. A este respecto, la publicidad y noticias de la existencia de una investigación de este tipo, puede afectar la capacidad de una compañía de hacer negocios y puede causar daños irreparables en las relaciones con el gobierno y sector privado, que mantenga en el país donde el soborno alegado ha ocurrido
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