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Después de casi 28 años del asesinato de Ramón Oscar Carmona Vásquez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el deber del Estado de reparar los daños causados por los funcionarios policiales que fueron investigados, juzgados y condenados por el hecho y, además instó a los familiares del abogado y a la Procuraduría General de la República a conciliar los montos y las condiciones de pago de la indemnización, en un plazo de tres meses.
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