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«..El pasado 4 de agosto, el máximo representante del Ministerio Público solicitó examinar el contenido del referido editorial, para que se determinara si en el mismo había o no elementos para solicitar enjuiciamiento por supuestas ofensas a la reputación de los órganos que ejercen la función judicial, en los términos establecidos en el artículo 225 del Código Penal que tipifica el delito de ultraje institucional…..»
«…Aponte Aponte, con el respaldo del resto de los magistrados de la Sala Plena, razonó que el editorial «tiene un contenido evidentemente crítico y no informativo, en el que no se presentan hechos concretos sino una opinión general acerca de lo negativo que resulta la sensación de inseguridad frente a las declaraciones gubernamentales y a la manipulación de las estadísticas. Y se concluyó recomendando mantener el esquema de la descentralización policial, perfeccionar los mecanismos regionales de coordinación y fortalecer a la justicia, haciéndola profesional, autónoma y objetiva»….»
Contenido del Artículo Publicado por el Universal
ElUniversal.com 25-07-05
Justicia arrodillada
Subordinar la justicia a una dimensión ideológica restándole autonomía y eficacia, es colocar la locomotora fuera de los rieles, dejando los vagones indefensos y abandonados. Por ello se ha ido produciendo una deslegitimación del Ministerio Público y de los tribunales.
El centro de interés es desde un punto de vista noticioso la delincuencia, la guerrilla, los grupos paramilitares y la inseguridad en general. El centro de interés puede ser también el criminal, pero lo que debe concentrar el mayor de los esfuerzos de la administración pública es el proceso penal, cuando el índice de condenas es escasísimo y triunfa la impunidad.
En este contexto están las declaraciones de la directora ejecutiva de Cofavic, analizando modus operandis específicos, que revelan desviaciones y perversiones en los cuerpos de seguridad y en la administración de justicia propiamente dicha. Por eso la gravedad del alerta, al comprobarse que en Venezuela todo ciudadano está sometido a un alto riesgo.
Tal como lo ha señalado Cofavic, la politización del sistema penal y su ineficiencia, aparte de la inexistencia de una política criminal, que es un conjunto de acciones encaminadas a prevenir y reducir la criminalidad en forma científica y racional, culminan en esta creciente inseguridad.
En consecuencia, la justicia penal tiene que ser profesional y coordinada con la prevención, la investigación, la represión y el tratamiento penitenciario, porque las relaciones entre justicia y sociedad tienden a desestabilizar más aun a esta última. De allí esa sensación de inseguridad frente a las declaraciones gubernamentales y la manipulación de las estadísticas.
La mayoría de los lineamientos y procedimientos de control social exigen una revisión profunda y la prioridad absoluta es el combate racional contra la pobreza, con la participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos del país. La lucha contra la pobreza no es exclusiva de nadie sino de la Nación entendida como un conjunto armonioso y productivo.
Hay que trabajar muy de cerca con especialistas nacionales y extranjeros, mantener el esquema de la descentralización policial, perfeccionar los mecanismos regionales de coordinación y fortalecer a la justicia haciéndola profesional, autónoma y objetiva. Esa es la máxima aspiración de los ciudadanos.»
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