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Entrevista a Roberto Orta
Resumen:
Hacer cola en algunos registros puede costar 300 bolívares y un trámite cualquiera ahora requiere de tres días.
¿Qué pasa cuando el Gobierno toca el bolsillo de los trabajadores?
Ubicado hasta hace semanas en el Cubo Negro, el Registro Mercantil V mudó sus oficinas a una casa de Chuao.
Hace poco más de un año que cambiaron las cosas a la hora de inscribir una empresa, comprar o vender inmuebles o tan siquiera sacar una partida de nacimiento.
Y la mejor prueba está en el Registro Mercantil V del Área Metropolitana, cuyas colas son tan célebres, que empiezan la noche del día anterior a las puertas de su sede, en la urbanización Chuao.
Hace meses que las colas de los registros advierten que algo anda mal en el servicio, pero el vicepresidente de esa organización, Roberto Orta, denunció el martes «una operación morrocoy» que está retrasando los trámites civiles, mercantiles e inmobiliarios de todo el país.
El fenómeno es claro: el Gobierno tocó el bolsillo de los registradores, notarios y demás trabajadores del área.
Las cuantiosas comisiones se convirtieron en salarios fijos y el corolario de esta historia demostró que en la República Bolivariana de Venezuela no hay quien trabaje por filantropía.
Tú lo cuentas y parece una película de terror: es inseguro, no hay baños y si te mueves pierdes el puesto».
Esta situación empezó a finales de febrero del año pasado: el ex ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín formalizó la centralización del sistema bajo la figura del recién creado Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
«Este es el mejor registro de Caracas y aun así hay que llegar a las 5:00 de la mañana», comentó este miércoles Gabriela Galicia cuando salía del Registro Mercantil IV, que está ubicado en Plaza Venezuela.
Cuatro días por un papel «Un vacío legal permitía a notarios y registradores ganar hasta 500 millones de bolívares al mes, o más, ya que los ingresos se repartían entre los funcionarios de esos organismos», acusó Rodríguez Chacín el 24 de marzo de 2008.
Orta no discute los motivos de la decisión pero a más de un año de la medida advierte, desde la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que las consecuencias y las perversiones del sistema colapsaron la red de casi 500 notarías y registros del país: «Ahora reparten 50 números en oficinas que atendían entre 200 y 500 personas diarias».
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