El Foro Penal Venezolano, a través de sus directores Mónica Fernández y Gonzalo Himiob Santomé, alertó a los medios de comunicación social sobre información recientemente recibida de distintas fuentes altamente confiables, por distintas vías y a través de distintos emisarios, cuyos datos no pudieron revelar por razones de seguridad, que indicarían que existen planes de utilizar al Ministerio Público y a los Tribunales Penales para implicar indebidamente y sin sustento jurídico alguno a los miembros del Foro Penal, en hechos delictivos de diversa naturaleza.
Según Fernández, "…esta sería una muestra más de los casos en los cuales se ha procedido a inventar testigos, a forjar documentos y hasta a desarrollar investigaciones sin sustento jurídico con tal de neutralizar a aquellos que desde la sociedad civil organizada han mostrado una férrea y no temerosa posición de rechazo hacia la sistemática violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Hugo Chávez Frías".
Destaco Himiob que "el Foro Penal Venezolano es una asociación civil, sin fines de lucro, que no recibe, más allá de los aportes de sus miembros, ningún tipo de financiamiento ni local ni internacional, que no cuenta con una sede propia y a la que no puede atribuírsele de manera alguna la representación de intereses políticos o partidistas". Continuó expresando "lo cierto es que nos hemos caracterizado por la lucha frontal, permanente y sin miedo, desde nuestra perspectiva como juristas especializados en la Ciencias Penales, contra las irregularidades que este Gobierno ha cometido, particularmente contra las que tienen que ver con la utilización de la vía judicial con fines eminentemente políticos y la absoluta contundencia con la cual hemos demostrado la ausencia de división de poderes públicos y por ende el arbitrario y excesivo abuso de autoridad de quienes tienen cargos públicos de jerarquía en sus manos".
Dijo Fernández que estas actitudes contra algunos miembros del FPV, entre los que estaría ella misma y María del Pilar de Simonovis , entre otros, tendrían por objeto "frenar nuestro ritmo sostenido de denuncias certeras y no desmentidas con amenazas indirectas, incluyéndonos en supuestas listas de sicarios, como es mi caso, enviándonos amenazas sobre secuestro o, como pareciera ser que va hacerse en esta oportunidad, utilizando la simulación de hechos punibles en contra nuestra a través del Ministerio Público y los Tribunales Penales". En su decir, estas acciones estarían orientadas "al ejercicio de violencia psicológica e intimidación para que no continuemos realizando un trabajo que ha sido útil a nivel nacional e internacional para poner en evidencia el grave deterioro del Estado de Derecho en Venezuela, responsabilidad absoluta de las instituciones como el Poder Judicial y el Poder Moral, y de un Poder Ejecutivo no sometido a ningún control republicano".
Fernández indicó que no serían intimidados por este tipo de acciones y que se sentían muy orgullosos del trabajo que han realizado hasta la fecha. Destacó que el FPV no tiene miembros clandestinos, no desarrolla actividades a puertas cerradas, y que sus miembros no tienen temor a seguimientos, interceptaciones telefónicas, o a cualquier otra investigación que se adelante contra ellos.
Tanto Himiob como Fernández destacaron que ni ellos mismos ni María del Pilar de Simonovis, ni cualquier otro de los miembros del FPV tiene ninguna intención de irse del país ni de evadir las consecuencias de ninguna investigación que ser adelante contra ellos, de ser el caso. Himiob destacó que estás persecuciones y las pruebas pertinentes serían sometidas a la consideración de la CIDH.
Caracas, 15 de Mayo de 2007.-
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Mónica Fernández Sánchez
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