Alberto Arteaga Sánchez // Los delitos del paquetazo
Tenemos una nueva serie de delitos decretados por el Ejecutivo
La nueva, inconsulta y arbitraria normativa contenida en los decretos-leyes dictados por una ley habilitante que colide con los postulados de un Estado de Derecho, se caracteriza, además, por su marcado afán represivo que encuentra expresión en innumerables ilícitos y sanciones administrativas -multas elevadas, fundamentalmente- y delitos con penas de prisión hasta de seis (6) años, con penas accesorias que inhabilitan para el ejercicio del comercio por un período de 10 años, después de cumplida la condena (artículo 149 del Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios).
Alberto Arteaga Sánchez // Los delitos del paquetazo
Tenemos una nueva serie de delitos decretados por el Ejecutivo
La nueva, inconsulta y arbitraria normativa contenida en los decretos-leyes dictados por una ley habilitante que colide con los postulados de un Estado de Derecho, se caracteriza, además, por su marcado afán represivo que encuentra expresión en innumerables ilícitos y sanciones administrativas -multas elevadas, fundamentalmente- y delitos con penas de prisión hasta de seis (6) años, con penas accesorias que inhabilitan para el ejercicio del comercio por un período de 10 años, después de cumplida la condena (artículo 149 del Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios).
Una vez más se debe recalcar que la exigencia de la reserva legal comprendida en el principio de legalidad impide que el Ejecutivo pueda dictar normas penales, siendo inadmisible que quede a su arbitrio fijar penas que limitan al ser humano en su libertad. Esto sólo puede hacerse a través de leyes formales que, de acuerdo a la esencia de la democracia, emanan de la Asamblea, constituyendo un indiscutible logro del derecho penal moderno contra el absolutismo, la limitación de las facultades del Rey, dueño y señor del Estado, para disponer de la libertad de los ciudadanos.
Pero aparte de este planteamiento fundamental y del cuestionamiento a las normas penales impuestas por el Ejecutivo, se impone destacar, de manera clara, la intención sancionadora, represiva, desproporcionada y contradictoria de los nuevos decretos.
Hechos de extrema gravedad como la interrupción dolosa total o parcial del sistema ferroviario o el transporte de sustancias explosivas en trenes de pasajeros constituye un ilícito administrativo sancionado con multa (artículo 82 del Decreto-Ley sobre Transporte Ferroviario), pero impedir con acciones violentas el tránsito de vehículos que trasladen productos con fines agroalimentarios es un delito con pena de prisión de 6 meses a 3 años, lo que, sin duda, se prestará para sancionar cualquier protesta o manifestación que produzca tales efectos.
Muy grave Pero hay otras cosas de extrema gravedad que afectan a quienes se dedican al comercio y pueden verse expuestos a investigaciones por acaparamiento o especulación, hechos que se consideran, a la vez, como ilícitos administrativos (artículo 64 y ss del Decreto Ley para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios) con sanciones de clausura temporal o cierre definitivo (artículo 131 EIUSDEM) y como delitos (artículo 137 y ss), con penas de 2 a 6 años de prisión, lo cual significa que el mismo hecho puede ser sancionado dos veces o que una vez sancionado como ilícito administrativo e impuesta la sanción, puede ser sancionado como delito con pena privativa de libertad, con manifiesta violación del principio denominado del NE BIS IN IDEM.
Tenemos, pues, una nueva serie de delitos decretados por el Ejecutivo en normas que, como tantas otras, están allí para ser aplicadas selectivamente, como instrumentos eficaces, no para prevenir conductas que afectan a la colectividad, sino para amedrentar y castigar a los reales o potenciales enemigos del régimen.
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